• Progresistas y conservadores se atrincheran en sus posiciones con el único compromiso de celebrar esa primera votación


  • Los diputados conservadores manifestaron a sus interlocutores la necesidad de cambiar el método de negociación


  • Los conservadores piden más tiempo a los progresistas para valorar el impacto de los nombramientos de Moncloa en las negociaciones del CGPJ

Negociaciones en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) del CGPJ han encallado porque los progresistas insisten en mantener la candidatura de la magistrada del Supremo (TS) José Manuel Bandrés y sus pares conservadores para reclamar otros nombres, lo que significa que, por ahora, el único acuerdo es realizar una primera votación el 22 de diciembre.

Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la serie de reuniones que se han producido desde que el Gobierno designó el pasado martes a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional —el exministro Juan Carlos Campo y el ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– han servido para que los voceros progresistas y conservadores confirman al otro partido que se mantienen en los cargos establecidos el 16 de noviembre.

Ese día, los miembros conservadores expresaron a sus interlocutores la necesidad de cambiar el método de negociación. Propusieron que, en lugar de que cada bloque propusiera un candidato que fuera automáticamente asumido por el otro, ambas corrientes pusieran varios nombres sobre la mesa para elegir de forma conjunta a los dos candidatos al TC.

Este movimiento se produjo luego de que los diputados progresistas postularan a Bandrés el 3 de noviembre, reduciendo así la lista de nueve candidatos que lanzaron en octubre pasado, por lo que desde este sector se percibe el cambio de regla propuesto por los negociadores conservadores como un veto encubierto a la magistrada del TS. , ya que formalmente –señalan– no han formulado tacha alguna.

En esta intersección, la comisión negociadora –formada por José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta y Roser Bach, por la vertiente progresista. fue citado para el 30 de noviembre, pasado miércoles, para tratar de desatascar las conversaciones, pero dicha reunión quedó eclipsada por el nombramiento de Campo y Díez.

Los conservadores pidieron a los progresistas más tiempo para valorar el impacto de los nombramientos de Moncloa en las negociaciones del CGPJ y ese mismo día por la noche celebraron un cónclave interno en el que acordaron dejar al margen el tema de Campo y Díez -aunque algunos vocalistas creen que son perfiles excesivamente politizados que el Consejo debería compensar enviando candidatos intachables al TC desde el punto de vista de la imparcialidad–.

Resuelto el asunto de Campo y Díez, la comisión negociadora se reunió nuevamente el jueves por la mañana. Los conservadores incidieron en exigir más nombres a los progresistas, además de Bandrés, y este último lo debatió en una reunión interna esa misma tarde que terminó con la decisión de mantener la candidatura única de este magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de La Suprema Corte. .

Así, este mismo viernes los diputados progresistas han trasladado a sus compañeros conservadores que no están dispuestos a debatir la “idoneidad y oportunidad” de la candidatura de Bandrés, ni la “idoneidad y oportunidad” de los candidatos que pueda anunciar el sector conservador.

Primera votación el 22 de diciembre

Sin embargo, el único punto en el que ambos bloques coinciden a estas alturas es que el próximo 22 de diciembre habrá un pleno ordinario en el CGPJ en el que se realizará la primera votación de nombramientos al Tribunal Constitucional.

Los dos sectores del Consejo están dispuestos a votar, aunque desde ambas corrientes se advierte que es posible que ese día no haya humo blanco, lo que significaría posponer el eventual acuerdo a 2023. De este Pleno se espera que cada miembro proponga y vote lo que considere oportuno sin consenso previo, aclaran las citadas fuentes.

Aunque los diputados conservadores aún no han formalizado ningún nombre, según ha podido saber Europa Press, manejan seis: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sin embargo, las fuentes consultadas indican que en realidad los mejor posicionados para obtener el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, el magistrado del TS encargado de controlar la actividad del CNI y que figuraba en esa primera lista de nueve candidatos lanzada por los diputados progresistas.



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