• Corinna Larsen exige al rey emérito una indemnización por la pérdida de su salud por el acoso que atribuye al rey y al CNI


  • El procedimiento civil puede seguir adelante pero dejará fuera todos los hechos denunciados que ocurrieron antes de la abdicación del rey en 2014


  • El procedimiento de Londres es la última causa judicial abierta contra Juan Carlos I tras el archivo de las investigaciones en España.

En caso de Corinna Larsen contra el rey emérito Juan Carlos I. -el único que seguía abierto- no cierra definitivamente, pero ha quedado muy tocado tras la última resolución de la justicia británica. La demanda civil está en curso, pero no incluirá los hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014, porque los magistrados del Reino Unido consideran que están protegidos por la inmunidad del Estado ante los tribunales de ese país.

De esta forma, quedan fuera el grueso de los hechos que incluían la denuncia por acoso a la empresaria alemana. El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales admite los argumentos del recurso del rey emérito y revoca la decisión de un tribunal inferior: el juez Nicklin del Tribunal Superior de Justicia consideró que el rey Juan Carlos ya no gozaba de inmunidad por su abdicación.

Este proceso contra el rey emérito consiste en un proceso civil. No se presentan cargos penales ni extradición. Corinna Larsen reclama dinero, una indemnización -que no ha precisado la cantidad pero que pronostica que será millonaria- por los presuntos daños tanto a la salud mental como a la reputación que habrían provocado el acoso y espionaje al que fue sometida por orden de Juan Carlos I.

Nada de lo que sucedió, y los jueces británicos tienen pocas dudas de que sucedió, entre 2012 y junio de 2014. puede tener un reproche legalél. El tribunal concedió este martes la primera victoria parcial al emérito en Inglaterra tras varias resoluciones adversas y estableció que solo se puede investigar lo ocurrido entre la fecha de su abdicación -junio de 2014 y 2020, fecha que la propia Larsen ha acotado-. Antes de esa fecha, nada.

Lo que queda fuera del caso

La decisión de los jueces británicos deja fuera varios episodios denunciados por la ex amante del rey que tienen como protagonista Félix Sánz Roldán, exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Episodios como la entrada en casa de Larsen en Mónaco en una operación encubierta de los servicios secretos españoles en abril de 2012 o una reunión en un hotel londinense el 5 de mayo de 2012 en la que el jefe de los servicios españoles lo habría amenazado. En palabras de Corina, le ordenó guardar silencio y le pidió que “seguir ciertas recomendaciones y que de no seguirlas no podría garantizar su seguridad física ni la de sus hijos”. También quedan fuera otras supuestas amenazas por correo electrónico o telefónicas que habría realizado Sanz Roldán en mayo y junio de 2012.

La inmunidad es absoluta

En una resolución de 26 páginas, los jueces invocan la jurisprudencia de procesos anteriores –como el seguido en Londres contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet o una denuncia por tortura contra Arabia Saudita– para sostener que “la inmunidad estatal de la jurisdicción civil de los tribunales extranjeros se aplica tanto a la conducta extraterritorial atribuible a un Estado a nivel internacional, como a la conducta interna de un Estado, incluso cuando esa conducta se refiere a procedimientos penales y no civiles en ningún caso”.

El tribunal de apelaciones ha considerado que el juez Nicklin “se equivocó” y ha subrayado que “la inmunidad estatal es un derecho absoluto” que “impide cualquier examen de fondo”. Para la corte de apelaciones, el juez Nicklin “se equivocó al concluir que la conducta anterior a la abdicación era una conducta privada”.

No fueron actos privados.

El tribunal ha sostenido que “si un acto es uno que ningún ciudadano privado, y solo un gobierno, puede llevar a cabo, es necesariamente un acto público o soberano“. El juzgado ha asegurado que -si la propia Larsen indica que Sanz Roldán actuaba como director del CNI- “él y los agentes del CNI con los que actuó, actuaron en todo momento material o moralmente”. fingieron actuar como agentes del Estado español“.

Los jueces consideran irrelevante en materia de inmunidad que los actos del Estado extranjero o de sus agentes fueran o no lícitos: “Como el Estado es responsable de los actos realizados bajo pretexto de autoridad, estén o no autorizados o sean lícitos dentro del nacional o internacional, sus actos serían, en consecuencia, atribuibles al Estado español”, han indicado en su auto judicial.

inmunidad sin excepciones

También dicen, y en esto están de acuerdo con el juez Nicklin, que no aplica la excepción a la inmunidad prevista por la ley británica en caso de probar daños personales. “Como observó el juez, la clave es que la demandante no afirmó que el presunto acoso le causó un daño psiquiátrico reconocible. Por tanto, no es una alegación que se encuadre en el marco del artículo 5 de la Ley de Inmunidad del Estado. Lo que alega es angustia, ansiedad y depresión (ninguna de las cuales supone un cuadro psiquiátrico) provocada por el presunto acoso”.

La reacción de Corinna Larsen

los La defensa del comisionista sostiene que el contratiempo no afecta a una parte sustancial del procedimiento y por ello viéndolo siempre “medio lleno mejor que medio vacío”, se quedan con que el grueso de los hechos sigue vivo en el procedimiento. “La demanda conlleva acusaciones muy graves de acoso que se prolongó durante mucho tiempo y se examinarán en detalle cuando se lleve a cabo el juicio.”, ha reaccionado a través de un comunicado Kobre y Kim, el despacho que dirige el comisionista. “El reclamo de Corinna ahora puede avanzar hacia el juicio en el Tribunal Superior de Londres”.

La defensa argumenta que la sentencia del martes “se aplica a un tema muy limitado”. “Se refiere únicamente al periodo en el que Juan Carlos I era rey de España”, ha subrayado, al tiempo que asegura que parte de la reclamación de Corinna relativa a 2014 “no se ve afectada y debe ir a juicio”.

Acoso posterior a la abdicación

La demanda de Corinna Larsen sostiene que el acoso continuó hasta 2020, hasta seis años después de la abdicación. Asegura que en 2015 recibió un correo electrónico de su exmarido diciendo que tenía que devolver el dinero que tenía de Juan Carlos I. Ese mismo año dice que recibió comentarios de terceros que aseguraban que le había robado dinero y bienes a el rey emérito.

“Estas declaraciones falsas tenían la intención de la demandada de causar daño a la demandante, su reputación e intereses comerciales y, de hecho, lo hizo”, dice el documento. En el documento, Larsen también narra supuestos seguimientos de los que afirma haber sido víctima entre 2015 y 2020 por parte de terceros que, a su juicio, estarían vinculados al rey emérito.

Entre otras cuestiones, la empresaria alemana señala que el 11 de noviembre de 2020, un hombre de aspecto mediterráneo se le apareció frente a ella en plena calle de Londres y le dijo: “hola, hola, debes parar(Hola, debes parar). Todos estos hechos recogidos por Larsen en su querella serán examinados por el tribunal que juzgará a Juan Carlos I previsiblemente el próximo año.

La última reclamación de Hacienda

Hace nueve meses, el Rey Juan Carlos recibió confirmación por parte de la Fiscalía General del Estado de que archivado las investigacioness que habían abierto vía informativa diligencias sin interponer denuncia en su contra.

Un respiro judicial, sí, pero el administrativo ha sido más difícil. Hacienda y la defensa del rey han tenido que pactar -y es la tercera vez- una nueva regularización a cuenta de las cacerías que recibió como regalo tras dejar la jefatura del Estado y que no declaró a pesar de estar obligado a hacerlo.

Los obsequios no superaron los 120,00 euros, por lo que al no cometer delito, el reproche queda en una multa de la que aún no se ha informado del importe. La fiscalía tampoco ha mostrado interés en ir más allá.



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