El Ministerio del Interior reconoce que necesita “más personal” para cumplir con las obligaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de violencia contra las mujeres. Así lo admite el departamento de Fernando Grande-Marlaska en el informe elaborado durante la tramitación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexualmejor conocido como Ley de solo si es siahora en el centro de la polémica por las rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales.

Oculto

OKDIARIO ha tenido acceso a este informe, que Moncloa se mantiene oculta. El Gobierno no ha entregado al Congreso de los Diputados los documentos con alegaciones y críticas a la controvertida ley que fueron presentados en su momento por los ministerios, distintas comunidades autónomas y asociaciones. Este es un procedimiento obligatorio que permite a los diputados formarse una opinión antes de votar un proyecto legislativo.

Según ha podido saber este diario, Interior remitió al Ministerio de Igualdad, principal impulsor de la norma, hasta tres informes con tus observaciones. En uno de ellos, de abril de 2021, el departamento valora las obligaciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incluidas en el texto, especificando que “la actuación policial integral contra la violencia sexual forma parte de las facultades y funciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya vienen realizando de forma habitual en materia de violencia de género, doméstica y sexual”.

Dicho esto, Interior estima que el desarrollo de las actuaciones previstas en la nueva ley “no debe suponer directamente un gasto adicional”. No obstante, a continuación advierte: «Cabe señalar que, para dar cumplimiento a las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya se ha exigido reiteradamente un aumento de personalpor lo que sería conveniente que en el marco de este proyecto se valore nuevamente la importancia de atender la necesidad expuesta.

Medidas

La ley exige un “acción policial especializada” en materia de violencia sexual y de género desarrollar “protocolos de intervención y atención a las víctimas”.

Los agentes deben ocuparse de “la recopilación de información, coordinación, evaluación de riesgos, prevención, atención, seguimiento y protección de las víctimas”. Además, las víctimas de violencia sexual “tendrán derecho a ser atendidas por personal expresamente capacitado” en esta materia. En el caso de víctimas menores de edad, se requieren unidades especializadas en violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben desarrollar “medidas de evaluación y protección de riesgos” para “brindar una protección eficaz contra represalias o amenazas, posibilitando que mujeres, niñas y niños vivan en condiciones de libertad y seguridad”, se expresa textualmente. En el mismo sentido, “a través de las unidades especializadas”, deberá vigilarse el cumplimiento de las medidas de control acordadas por el juez, tales como la vigilancia de los investigados y condenados o el control del lugar a través de dispositivos telemáticos.

Ataque

Efectivamente, la Policía es el blanco habitual de los ataques de la ministra de Igualdad. Irene Montero ha llegado a acusar a los agentes de cuestionar la credibilidad de la mujer asegurando, por ejemplo, que en las comisarías se pregunta “si estuviera vestida con minifalda y que tal vez por eso estaba provocando». Montero también ha acusado a la policía de racista y xenófoba.

Una reciente campaña financiada por este Ministerio y llevada a cabo por el Ayuntamiento de Úbeda también ha provocado indignación en el seno de la Policía Nacional, ya que su protagonista -que mata a su expareja- se identifica como policía retirado.

“Se trata de una nueva falta de respeto del Gobierno de España hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se suma a las múltiples muestras de desprecio que este Gobierno ya ha llevado a cabo contra la Policía Nacional”, aseveran desde el sindicato JUPOL.

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