El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea de Ecuador, Fernando Villavicencio, ha denunciado a la ministra de Igualdad, irene monteroy al diputado podemita Rafael Mayoral ante la Fiscalía ecuatoriana por los 11 contratos públicos por valor de 2,6 millones de euros que Rafael Correa seleccionó a dedo para Cinema, la cooperativa Podemos. En la denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, el asambleísta solicita al fiscal general del país andino, diana salazarpara investigar la malversación de fondos del gobierno correísta y que supuestamente terminaron en las arcas del partido morado.

Según publica OKDIARIO, el Gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa adjudicó en mano 11 contratos públicos por valor de 2,6 millones de euros a Kinema, la cooperativa de Podemos. Algunos pagos que se realizaron a través del Embajada de Ecuador en España entre 2012 y 2016. Estos contratos tenían por objeto prestar asesoramiento jurídico en materia de derecho hipotecario. A cambio de grandes sumas de dinero, la entidad vinculada al partido fundado por iglesias de pablo aconsejó a los ecuatorianos residentes en España para evitar que fueran desalojados.

Irene Montero ha sido denunciada por presuntamente formar parte de esta red de corrupción utilizada para financiar Podemos desde países latinoamericanos. El exembajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, denunció -en una entrevista concedida al periodista ecuatoriano Carlos Vera- estas adjudicaciones irregulares y, añadió, que “el presidente de la empresa Kinema era Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde 2015, y por el otro (lado) Actuó una señora que es Irene Montero que es la mujer de Pablo Iglesias».

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Irene Montero formaba parte de esta red, ahora denunciada ante la Fiscalía, ofreciendo supuestos servicios de asistencia psicológica a ecuatorianos que iban a ser desalojados. Hay que recordar que la ministra de Igualdad se licenció en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid en 2011.

Contratos

La denuncia incluye la documentación, revelada en exclusiva el 13 de septiembre de 2021 por este periódico, que acredita estos pagos. El primero de estos contratos se firmó el 23 de febrero de 2012 por un valor de 18.464,60 €. La cooperativa Podemos recibió este dinero por asesorar a la Embajada de Ecuador en España durante sólo tres meses, del 29 de febrero al 29 de mayo. Un contrato que firmó, como todos ellos, del primero al último, hoy Elena Marcello Santos. presidente de Kinema y en ese momento representante. En el momento de la finalización del contrato, ambas partes firmaron una prórroga del mismo por siete meses más por 25.446,30 €.

En 2013, Kinema siguió facturando ingentes cantidades de dinero al Gobierno de Rafael Correa a través de su delegación diplomática en España. El 6 de junio de 2013, la cooperativa Podemos firmó un nuevo contrato, con una duración de cuatro meses, por un valor de 77.660,22 €. Una cifra superior a la del año anterior. Al igual que ocurrió en 2012, tras la finalización del contrato, volvieron a firmar una prórroga del mismo por cuatro meses más a cambio de otros 48.242,70 €.

Al año siguiente, en 2014, mientras los desahucios en España no hacían más que crecer, la cooperativa Podemos seguía haciendo caja asesorando al Gobierno de Rafael Correa en materia de desalojos. El 27 de marzo de 2014, Kinema firmó un nuevo contrato para 351.177,66 € durante siete meses de duración. Y, como en el resto de años, al final firmaron una prórroga por 312.276,02 € por la recomendación a la Embajada del Ecuador en España de continuar por cinco meses más.

Financiación de Podemos

El 31 de diciembre de 2014, en medio de la víspera de Año Nuevo, Kinema firmó un nuevo contrato de tres meses para 323.779,06 €. Una cifra que creció exponencialmente al 914.516,06 euros tras la firma de un nuevo convenio el 1 de abril de 2015. Este notable incremento se debió a que la cooperativa Podemos amplió su asesoramiento a más ciudades de España como Barcelona, ​​Murcia y Valencia. Tras esta ampliación de contrato, Kinema firmó un nuevo pedido por valor 126.393€ continuar con sus servicios por tres meses más, hasta fin de año. El año 2016 siguió siendo próspero para la entidad ligada al partido de Pablo Iglesias. El 1 de enero, festividad de Año Nuevo, Kinema firmó un nuevo contrato de cuatro meses a cambio de 358.233,96 €. Tras su finalización, se firmó una prórroga hasta el 30 de abril de 2016 por otros 98.910, 47 euros. Ese mismo año, tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, Kinema tuvo que devolver 26.567,63 euros a la Embajada de Ecuador en España por causas que se desconocen.

Contrato entre la Embajada de Ecuador en España y Kinema, la cooperativa Podemos, de 2016.
Contrato entre la Embajada de Ecuador en España y Kinema, la cooperativa Podemos, de 2016.

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que estos fondos concedidos a la cooperativa Kinema acabaron finalmente en las arcas de Podemos. Añaden: “El objetivo de Correa era financiar el partido que lideraba Pablo Iglesias a través de empresas interpuestas, como esta cooperativa”. Los contratos firmados después de julio de 2015 son clave para investigar la financiación ilegal de Podemos en España, ya que a partir de esa fecha el Ley Orgánica 1/2015 por el que se modifica el Código Penal y se incorpora un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos que reciban fondos de “gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas directa o indirectamente relacionadas con ellas que superen la cantidad de 100.000 euros.

Hace un año, Vox presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que adjudicaba los contratos concedidos a Kinema hasta 2013. Sin embargo, el Ministerio Público desestimó dicha denuncia al entender que en esa fecha el Código Penal no incluía la ilegalidad financiación de las partes que reciben fondos de países extranjeros. Pero ahora las circunstancias son muy diferentes: La cooperativa Podemos supuestamente recibió fondos para financiar el partido durante 2015 y 2016. Estos contratos que ya están en la Fiscalía ecuatoriana ahora pueden ser investigados en Anticorrupción.

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